SEÑOR, LA CAZA Y SU PARQUE NACIONAL ESTÁN SERVIDOS
1 junio 2015
Se levanta la veda de caza y en Castilla-La Mancha se fomenta y facilita el tiro a todo animal que pase por delante del punto de mira de la escopeta, incluidos los que conviven de manera más estrecha con nosotros: perros y gatos. Este año, se ha aprobado la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que junto con la reforma de la normativa sobre parques naturales y los retoques en la Ley de Montes conforman un mapa de España vallada como coto privado de caza.
Las 100.000 firmas de los ciudadanos no han servido para frenar la nueva ley cinegética castellano-manchega, avalada y defendida por su presidenta, María Dolores de Cospedal, que ha defendido a capa y espada el uso de las escopetas en nuestros parques naturales, financiados con los impuestos de todos los españoles.
Esta nueva ley de caza, que tiene tentáculos en el resto de España, con la normativa sobre la actividad cinegética en los parques naturales, permite apretar el gatillo cuando se tiene en el punto de mira un perro o un gato, así como lancear jabalíes, la caza con trampas, prohibir el acceso a caminos para facilitar la actividad cinegética, o eliminar toda molestia para matar ciervos, corzos o jabalíes. En el caso de esta última especie de la familia de cerdos, además, se recupera la modalidad del uso de la lanza para matar al animal, con su consiguiente sufrimiento añadido. Conviene recordar que la caza de jabalíes a caballo con lanza fue un deporte practicado por los oficiales ingleses durante la colonización británica, hace dos siglos. Así que, su recuperación supone todo un atraso en cuestión de bienestar y respeto de los animales, que seguro será contemplado fuera de nuestras fronteras como una situación anacrónica e impropia de un país civilizado.
Esta nueva ley pretende evitar a través de sanciones económicas la presencia en los cotos de caza de ciclistas, recolectores de setas o personas que pasean por el campo, con la simple intención de disfrutar de la naturaleza de manera pacífica. También se permite el cierre de espacios públicos para cazar o apuntar con la escopeta a zonas susceptibles de peligro para las personas, como una carretera o un camino.
De esta manera, cada vez resulta más complicado salir a disfrutar de la naturaleza de manera segura y sin toparse cada pocos metros con una valla que sostiene el cartel: Coto privado de caza. Prohibido el paso. Los espacios naturales, el campo, no deberían ser propiedad privada, sino espacios para el disfrute de todos los seres vivos, con independencia de su especie. El mapa de España está conformado por retales de cotos de caza. En concreto, existen alrededor de 25.000 y en el 80 % del territorio se desarrolla la actividad cinegética. Es decir, que cada vez tenemos menos naturaleza disponible para disfrutar, si no cargamos al hombro una escopeta.
Caza y alteración de la naturaleza
El argumento del gobierno regional de Castilla-La Mancha para aprobar esta nueva ley es que crearán cotos de caza con muchos menos trámites, lo cual repercutirá en mayores beneficios para el sector cinegético. Pero ¿qué ocurre con la protección de los espacios y parques naturales? Es evidente que la caza altera y degrada el entorno: contamina (plomo de la munición: plumbismo) y se manipula de manera artificial la población de los animales que habitan en los cotos y parques naturales.
Los directores de la mayoría de los parques nacionales españoles (11 de 15) también consideran que la reforma de la Ley de Parques Nacionales planteada por el PP, y que supone prorrogar las cacerías, es un riesgo para la conservación de estos espacios protegidos, de gran riqueza natural y de delicado equilibrio, e implica un peligro para su mantenimiento de estos espacios.
El hecho de que Basilio Rada sea director del organismo autónomo Parques Nacionales, cazador, y haya apoyado la nueva ley que permite cazar en parques nacionales hasta 2020 no es una casualidad. Los parques naturales, que todos financiamos con nuestros impuestos, se han convertido en el cortijo de una camarilla de empresarios y políticos que utilizan estos escenarios naturales para hacer negocios entre humo de puros, tiros a los corzos y opíparas viandas.
Las francachelas cinegéticas, dignas de la emblemática película de Berlanga, La escopeta nacional, se suceden en parques nacionales como el de Cabañeros, donde nuestra autoridad en gestión de parques nacionales, Basilio Rada, participó en una montería organizada por Alberto Alcocer. Además, en su currículum figura que ha dirigido una finca en Ciudad Real donde se crían perdices que servían para las cacerías de nuestro rey emérito, Juan Carlos I.
La extensión de nuestros espacios naturales protegidos apenas supera el 0,7 % de la superficie del país, y su conservación está declarada de interés general del Estado. Desde organizaciones ecologistas, como WWF, Juan Carlos del Olmo, su portavoz, opina sobre esta ley que está hecha: «A la medida de una serie de propietarios particulares concretos. Hay un parque nacional en España, Cabañeros, cuya mitad se gestiona a puerta cerrada por sus propietarios particulares. Allí no entra nadie».
Por su parte, Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, comenta al respecto: «Tememos que, con la actual redacción, se amplíen de nuevo los plazos para que la caza siga estando permitida a los señoritos».
La explotación de nuestros recursos naturales a manos de unos pocos terratenientes es una situación, más que curiosa, desoladora. El mantenimiento de los parques naturales en España lo pagamos entre todos y unos pocos los disfrutan de la manera más vil y que atenta en contra de los principios de gran parte de los españoles, a costa de pegar tiros a los animales.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente financia en su práctica totalidad parques como el de Cabañeros y las Tablas de Daimiel. Los recursos económicos para el mantenimiento de estos dos parajes naturales se han reducido de manera drástica en cuatro años. De forma que Cabañeros pasó de contar en sus arcas con 7,8 millones de euros en 2010, a 2,9 cuatro años después. En el caso de las Tablas de Daimiel, se redujo la inversión de 3,6 a 2 millones de euros.
Habría que saber dónde han ido a parar esas cantidades de dinero y si para compensarlo y convertir los parques naturales en un negocio rentable, en vez de en un patrimonio natural que hay que mimar y cuidar, se ha invertido en lo más fácil, pero menos sostenible para el medio ambiente: la caza sin freno.
Una ley por y para los cazadores
El ojo del huracán de esta revolución cinegética planteada por el Partido Popular para blindar los intereses de la caza a costa de degradar el medio natural y atentar contra los derechos de las personas que no practican esta actividad se centra en el Parque Nacional de Cabañeros (entre Ciudad Real y Toledo), gracias a la llamada «enmienda Cospedal», impulsada por la ministra del mismo nombre, que ha demostrado un desinterés manifiesto hacia los animales y la naturaleza.
La polémica ley de caza, lejos de contemplar el bienestar de los animales, la sostenibilidad del medio ambiente y el derecho al uso y disfrute de los espacios naturales por parte de la comunidad castellano-manchega recoge aspectos polémicos que los ecologistas temen que se acaben por trasladar a otras comunidades autónomas, como:
– La caza con trampas, que implica la tortura de los animales que quedan atrapados en sus patas con estos artefactos durante horas. Además del riesgo que supone para especies protegidas, como el lince ibérico, que puedan ser víctimas de esta captura indiscriminada y cruel.
– Aumento de los vallados y cierre de caminos, para facilitar la actividad cinegética, con la consiguiente restricción del derecho de movilidad para las personas que disfrutan de la naturaleza de otras formas que no sea matar a tiros a un animal. Por otro lado, los trámites legales para crear un coto de caza se reducen y simplifican.
– Tiro al perro y al gato, además de al pato. Esta nueva modalidad permite disparar a cualquier perro o gato que se cruce por la mirilla de un cazador. Así que, a partir de ahora, en los cotos de caza podrán agonizar estos animales con un tiro que no les haya rematado, incluidos los que tengan dueños y hayan entrado en un coto de manera accidental. Pero, además, la escopeta podrá apuntar hacia zonas donde pueda haber transeúntes, como un camino o una carretera. A partir de ahora, al que se libre de un tiro por estar rondando un coto de caza, le puede caer, sin embargo, una multa por provocar molestias en el desarrollo de la actividad cinegética.
– A lanzazos con los jabalíes. Estos animales son de los que se han llevado la peor parte de la nueva ley de caza castellano-manchega. A partir de ahora, se les podrá acribillar con una lanza desde un caballo. Todo un calvario al más puro estilo medieval.
Castilla-La Mancha, un mal lugar para ser galgo
La falta de interés del gobierno regional de Castilla-La Mancha por el bienestar de los animales se ha puesto de manifiesto no sólo con la aprobación de la nueva ley de caza, sino por el inmovilismo frente a una de las estampas más negras de España: la matanza de galgos, tras la temporada de caza, ahorcados, a tiros o, los que tienen mejor suerte, abandonados.
Alrededor de 500.000 galgos se utilizan en España para cazar, de los que 50.000 se sacrifican. Para frenar esta barbarie, la Federación Española para el Bienestar Animal (FEBA), de la que ONG ADDA forma parte, recogió en la anterior legislatura 22.850 firmas, a través de una campaña de concienciación que tuvo muy buena acogida entre la población. Sin embargo, a pesar de esta respuesta popular contundente y de que representantes de la FEBA (ONG ADDA y SPA de Madrid) se reunieron con representantes del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha para plantear un cambio de legislación que amparara a los desprotegidos galgos, el gobierno de María Dolores de Cospedal ha hecho oídos sordos a esta legítima petición. Esa ha sido la respuesta.
Nuestro patrimonio natural a subasta
La campaña orquestada por el gobierno actual para privatizar y rentabilizar el patrimonio natural de todo/as no tiene límites. La inclusión de reformas, excepciones o prohibiciones a la carta en las leyes sobre caza y gestión de parques naturales ya existentes es descarada. Otro ejemplo de ello es la modificación de la Ley de Montes, que incorpora el permiso para reutilizar terreno incendiado. Algo que no se podía hacer con la normativa anterior, hasta treinta años después de producirse el fuego.
Asociaciones medioambientalitas, como Ecologistas en Acción, consideran estos cambios no sólo innecesarios, sino también perjudiciales para la gestión de los bosques, ya que invaden competencias autonómicas, porque incorporan regulaciones cinegéticas en detrimento de la correcta y responsable gestión forestal. Una vez más, los representantes de los intereses cinegéticos en España se esmeran para dejar bien atados sus intereses. O, al menos, así lo creen.
Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha tiene interés en vender montes de utilidad pública a propietarios cinegéticos. El Gobierno que preside Dolores de Cospedal ha solicitado a sus ingenieros de montes informes sobre alrededor de cincuenta montes de utilidad pública, con el fin de privatizarlos. Dentro de sus arcas cinegéticas ya figuran los montes toledanos de Quinto de Don Pedro, Cardeñosa y Nava de Don Diego, que ya no están catalogados como «refugio de fauna». De esta forma, queda abierta la veda en estos parajes públicos. Gracias a la decisión del gobierno castellano manchego, especies como el lince ibérico o el águila imperial verán amenazados sus ecosistemas y sus vidas.
La caza en España se ha convertido en un negocio muy rentable dirigido por un sector muy cohesionado. Se estima que mueve cifras de alrededor de 2.300 millones de euros. Sólo en la comunidad de Castilla-La Mancha, la actividad cinegética genera cerca de 600 millones anuales. En todo el territorio nacional se calcula que hay alrededor de un millón de cazadores (con sus correspondientes licencias). Un pastel muy jugoso que conviene tener bien custodiado con leyes que blinden y protejan la actividad, a costa del deterioro del medio ambiente, del bienestar de los animales y de la privación del derecho de la población de disfrutar de los entornos naturales donde viven.
Cataluña y los recortes
Cataluña, bajo la justificación de los recortes, no se ha quedado a la zaga. De entrada, ya se suprimió el Departamento de Medio Ambiente, que tanto empeño puso ADDA para que se instaurase, y su sede ha sido vendida junto a otros edificios públicos. Albert Vilalta, su primer conseller, ya fallecido en el año 2013, realizó un gran trabajo en parques naturales, el mantenimiento de unos y la apertura de los Aiguamolls de l’Ampurdà con 4.866. hectáreas de zonas de humedal, junto al mar Mediterráneo, reserva de reptiles, anfibios, peces y mamíferos y paso de 329 especies de aves, 82 de las cuales nidifican de forma estable. Ahora se ha visto amenazado, aparte de su paulatino abandono, con la pretensión de eliminar su estructura veterinaria. Las más prestigiosas entidades conservacionistas, ambientalistas y científicas lamentan que después de cuatro años de recortes y decisiones políticas contrarias a la conservación de la naturaleza, ahora, el conseller del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, Josep María Pelegrí, de Convergencia i Unió, anuncie un «Plan Estratégico de parque naturales» que tan solo comporta fines electoralistas sin conjugar con lo que significa una defensa integral del territorio a preservar. Cataluña, que en tiempos de Vilalta fue líder en España en la conservación del medio ambiente, se ha quedado en la cola de España, y ésta a la cola de Europa.
El actual Gobierno de la Generalitat, bajo el pretexto de los recortes, ha olvidado al medio ambiente. Una falta de interés preocupante cuando el medio ambiente es esencial para el correcto desarrollo de la naturaleza cada vez más amenazada y los seres (humanos, animales y plantas) que estamos indefectiblemente ligados a ella.
