Tras cuatro años de trabajo ve la luz una profunda reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha (1) de la que forma parte Ecologistas en Acción y FEBA, comparte su satisfacción por el éxito logrado y agradece el apoyo y el trabajo de las 40 organizaciones y 117.414 firmas ciudadanas que han llevado a que por primera vez en España se modifique una ley de caza por la demandas de quienes defienden el uso público del medio rural, el bienestar animal, el medio rural y la naturaleza frente a los privilegios y abusos de la caza.

La aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas supone la culminación de casi cuatro años de actividad de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de las decenas de miles de personas que le ofrecieron su apoyo.

Que una norma de las características de la Ley de caza de 2015 se reforme profundamente atendiendo a las demandas de entidades que defienden el medio ambiente, el bienestar animal y uso sostenible del medio rural es sin duda un hito singular tanto en España como en Castilla-La Mancha.

El esfuerzo de diálogo, debate y oferta de propuestas rigurosas se ha visto recompensado con el equivalente a una nueva ley de caza en la que se recogen buena parte de las demandas de la plataforma. Prácticamente tres cuartas partes de los contenidos que se modifican en la ley han sido aportaciones de entidades que han sabido aunar criterios y puntos de vista diferentes pero confluentes.

Sin duda la reforma se queda corta en varios aspectos, más de los deseables, pero a través del camino abierto hay una evidente esperanza de mejora aún mayor en el futuro.

Pese a las fuertes, injustas y continuas presiones del lobby cinegético, el trabajo y continua interlocución de la plataforma con el Gobierno regional, con los grupos parlamentarios que lo sustentan y, en particular, con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, han dado lugar a que prospere una reforma legislativa más que beneficiosa para el conjunto de Castilla-La Mancha.

A partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza. Para capturar un animal doméstico en el medio natural habrán de utilizarse medios incruentos que salvaguarden el bienestar. Será más seguro caminar y se multará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público. Los agentes medioambientales tendrán mayor visibilidad en la ley de caza. Dejarán de considerarse modalidades de caza el lanceo o los peligrosos aguardos nocturnos. Se harán más responsables a los titulares de los cotos del uso de veneno o de otras prácticas dañinas para las especies y el medio ambiente. Y se controlarán y se sancionarán mejor las actividades ilegales asociadas a la práctica cinegética.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, en la que participa Ecologistas en Acción, está convencida de que todo lo logrado redundará en el beneficio de toda la ciudadanía, para que pueda disfrutar responsablemente del entorno natural y para que muchas actividades económicas se puedan desarrollar mejor en el medio rural.

Está a disposición de los medios de comunicación un documento más detallado de balance de la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

Leer documento  Balance de la reforma de la ley de Castilla-La Mancha

Señor, la caza está servida

SEÑOR, LA CAZA Y SU PARQUE NACIONAL ESTÁN SERVIDOS

Se levanta la veda de caza y en Castilla-La Mancha se fomenta y facilita el tiro a todo animal que pase por delante del punto de mira de la escopeta, incluidos los que conviven de manera más estrecha con nosotros: perros y gatos. Este año, se ha aprobado la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que junto con la reforma de la normativa sobre parques naturales y los retoques en la Ley de Montes conforman un mapa de España vallada como coto privado de caza.

Las 100.000 firmas de los ciudadanos no han servido para frenar la nueva ley cinegética castellano-manchega, avalada y defendida por su presidenta, María Dolores de Cospedal, que ha defendido a capa y espada el uso de las escopetas en nuestros parques naturales, financiados con los impuestos de todos los españoles.

Esta nueva ley de caza, que tiene tentáculos en el resto de España, con la normativa sobre la actividad cinegética en los parques naturales, permite apretar el gatillo cuando se tiene en el punto de mira un perro o un gato, así como lancear jabalíes, la caza con trampas, prohibir el acceso a caminos para facilitar la actividad cinegética, o eliminar toda molestia para matar ciervos, corzos o jabalíes. En el caso de esta última especie de la familia de cerdos, además, se recupera la modalidad del uso de la lanza para matar al animal, con su consiguiente sufrimiento añadido. Conviene recordar que la caza de jabalíes a caballo con lanza fue un deporte practicado por los oficiales ingleses durante la colonización británica, hace dos siglos. Así que, su recuperación supone todo un atraso en cuestión de bienestar y respeto de los animales, que seguro será contemplado fuera de nuestras fronteras como una situación anacrónica e impropia de un país civilizado.

Esta nueva ley pretende evitar a través de sanciones económicas la presencia en los cotos de caza de ciclistas, recolectores de setas o personas que pasean por el campo, con la simple intención de disfrutar de la naturaleza de manera pacífica. También se permite el cierre de espacios públicos para cazar o apuntar con la escopeta a zonas susceptibles de peligro para las personas, como una carretera o un camino.

De esta manera, cada vez resulta más complicado salir a disfrutar de la naturaleza de manera segura y sin toparse cada pocos metros con una valla que sostiene el cartel: Coto privado de caza. Prohibido el paso. Los espacios naturales, el campo, no deberían ser propiedad privada, sino espacios para el disfrute de todos los seres vivos, con independencia de su especie. El mapa de España está conformado por retales de cotos de caza. En concreto, existen alrededor de 25.000 y en el 80 % del territorio se desarrolla la actividad cinegética. Es decir, que cada vez tenemos menos naturaleza disponible para disfrutar, si no cargamos al hombro una escopeta.

 

Caza y alteración de la naturaleza

El argumento del gobierno regional de Castilla-La Mancha para aprobar esta nueva ley es que crearán cotos de caza con muchos menos trámites, lo cual repercutirá en mayores beneficios para el sector cinegético. Pero ¿qué ocurre con la protección de los espacios y parques naturales? Es evidente que la caza altera y degrada el entorno: contamina (plomo de la munición: plumbismo) y se manipula de manera artificial la población de los animales que habitan en los cotos y parques naturales.

Los directores de la mayoría de los parques nacionales españoles (11 de 15) también consideran que la reforma de la Ley de Parques Nacionales planteada por el PP, y que supone prorrogar las cacerías, es un riesgo para la conservación de estos espacios protegidos, de gran riqueza natural y de delicado equilibrio, e implica un peligro para su mantenimiento de estos espacios.

El hecho de que Basilio Rada sea director del organismo autónomo Parques Nacionales, cazador, y haya apoyado la nueva ley que permite cazar en parques nacionales hasta 2020 no es una casualidad. Los parques naturales, que todos financiamos con nuestros impuestos, se han convertido en el cortijo de una camarilla de empresarios y políticos que utilizan estos escenarios naturales para hacer negocios entre humo de puros, tiros a los corzos y opíparas viandas.

Las francachelas cinegéticas, dignas de la emblemática película de Berlanga, La escopeta nacional, se suceden en parques nacionales como el de Cabañeros, donde nuestra autoridad en gestión de parques nacionales, Basilio Rada, participó en una montería organizada por Alberto Alcocer. Además, en su currículum figura que ha dirigido una finca en Ciudad Real donde se crían perdices que servían para las cacerías de nuestro rey emérito, Juan Carlos I.

La extensión de nuestros espacios naturales protegidos apenas supera el 0,7 % de la superficie del país, y su conservación está declarada de interés general del Estado. Desde organizaciones ecologistas, como WWF, Juan Carlos del Olmo, su portavoz, opina sobre esta ley que está hecha: «A la medida de una serie de propietarios particulares concretos. Hay un parque nacional en España, Cabañeros, cuya mitad se gestiona a puerta cerrada por sus propietarios particulares. Allí no entra nadie».

Por su parte, Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, comenta al respecto: «Tememos que, con la actual redacción, se amplíen de nuevo los plazos para que la caza siga estando permitida a los señoritos».

La explotación de nuestros recursos naturales a manos de unos pocos terratenientes es una situación, más que curiosa, desoladora. El mantenimiento de los parques naturales en España lo pagamos entre todos y unos pocos los disfrutan de la manera más vil y que atenta en contra de los principios de gran parte de los españoles, a costa de pegar tiros a los animales.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente financia en su práctica totalidad parques como el de Cabañeros y las Tablas de Daimiel. Los recursos económicos para el mantenimiento de estos dos parajes naturales se han reducido de manera drástica en cuatro años. De forma que Cabañeros pasó de contar en sus arcas con 7,8 millones de euros en 2010, a 2,9 cuatro años después. En el caso de las Tablas de Daimiel, se redujo la inversión de 3,6 a 2 millones de euros.

Habría que saber dónde han ido a parar esas cantidades de dinero y si para compensarlo y convertir los parques naturales en un negocio rentable, en vez de en un patrimonio natural que hay que mimar y cuidar, se ha invertido en lo más fácil, pero menos sostenible para el medio ambiente: la caza sin freno.

 

Una ley por y para los cazadores

El ojo del huracán de esta revolución cinegética planteada por el Partido Popular para blindar los intereses de la caza a costa de degradar el medio natural y atentar contra los derechos de las personas que no practican esta actividad se centra en el Parque Nacional de Cabañeros (entre Ciudad Real y Toledo), gracias a la llamada «enmienda Cospedal», impulsada por la ministra del mismo nombre, que ha demostrado un desinterés manifiesto hacia los animales y la naturaleza.

La polémica ley de caza, lejos de contemplar el bienestar de los animales, la sostenibilidad del medio ambiente y el derecho al uso y disfrute de los espacios naturales por parte de la comunidad castellano-manchega recoge aspectos polémicos que los ecologistas temen que se acaben por trasladar a otras comunidades autónomas, como:

– La caza con trampas, que implica la tortura de los animales que quedan atrapados en sus patas con estos artefactos durante horas. Además del riesgo que supone para especies protegidas, como el lince ibérico, que puedan ser víctimas de esta captura indiscriminada y cruel.

– Aumento de los vallados y cierre de caminos, para facilitar la actividad cinegética, con la consiguiente restricción del derecho de movilidad para las personas que disfrutan de la naturaleza de otras formas que no sea matar a tiros a un animal. Por otro lado, los trámites legales para crear un coto de caza se reducen y simplifican.

– Tiro al perro y al gato, además de al pato. Esta nueva modalidad permite disparar a cualquier perro o gato que se cruce por la mirilla de un cazador. Así que, a partir de ahora, en los cotos de caza podrán agonizar estos animales con un tiro que no les haya rematado, incluidos los que tengan dueños y hayan entrado en un coto de manera accidental. Pero, además, la escopeta podrá apuntar hacia zonas donde pueda haber transeúntes, como un camino o una carretera. A partir de ahora, al que se libre de un tiro por estar rondando un coto de caza, le puede caer, sin embargo, una multa por provocar molestias en el desarrollo de la actividad cinegética.

– A lanzazos con los jabalíes. Estos animales son de los que se han llevado la peor parte de la nueva ley de caza castellano-manchega. A partir de ahora, se les podrá acribillar con una lanza desde un caballo. Todo un calvario al más puro estilo medieval.

 

Castilla-La Mancha, un mal lugar para ser galgo

La falta de interés del gobierno regional de Castilla-La Mancha por el bienestar de los animales se ha puesto de manifiesto no sólo con la aprobación de la nueva ley de caza, sino por el inmovilismo frente a una de las estampas más negras de España: la matanza de galgos, tras la temporada de caza, ahorcados, a tiros o, los que tienen mejor suerte, abandonados.

Alrededor de 500.000 galgos se utilizan en España para cazar, de los que 50.000 se sacrifican. Para frenar esta barbarie, la Federación Española  para el Bienestar Animal (FEBA), de la que ONG ADDA forma parte, recogió en la anterior legislatura 22.850 firmas, a través de una campaña de concienciación que tuvo muy buena acogida entre la población. Sin embargo, a pesar de esta respuesta popular contundente y de que representantes de la FEBA (ONG ADDA y SPA de Madrid) se reunieron con representantes del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha para plantear un cambio de legislación que amparara a los desprotegidos galgos, el gobierno de María Dolores de Cospedal ha hecho oídos sordos a esta legítima petición. Esa ha sido la respuesta.

 

Nuestro patrimonio natural a subasta

La campaña orquestada por el gobierno actual para privatizar y rentabilizar el patrimonio natural de todo/as no tiene límites. La inclusión de reformas, excepciones o prohibiciones a la carta en las leyes sobre caza y gestión de parques naturales ya existentes es descarada. Otro ejemplo de ello es la modificación de la Ley de Montes, que incorpora el permiso para reutilizar terreno incendiado. Algo que no se podía hacer con la normativa anterior, hasta treinta años después de producirse el fuego.

Asociaciones medioambientalitas, como Ecologistas en Acción, consideran estos cambios no sólo innecesarios, sino también perjudiciales para la gestión de los bosques, ya que invaden competencias autonómicas, porque incorporan regulaciones cinegéticas en detrimento de la correcta y responsable gestión forestal. Una vez más, los representantes de los intereses cinegéticos en España se esmeran para dejar bien atados sus intereses. O, al menos, así lo creen.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha tiene interés en vender montes de utilidad pública a propietarios cinegéticos. El Gobierno que preside Dolores de Cospedal ha solicitado a sus ingenieros de montes informes sobre alrededor de cincuenta montes de utilidad pública, con el fin de privatizarlos. Dentro de sus arcas cinegéticas ya figuran los montes toledanos de Quinto de Don Pedro, Cardeñosa y Nava de Don Diego, que ya no están catalogados como «refugio de fauna». De esta forma, queda abierta la veda en estos parajes públicos. Gracias a la decisión del gobierno castellano manchego, especies como el lince ibérico o el águila imperial verán amenazados sus ecosistemas y sus vidas.

La caza en España se ha convertido en un negocio muy rentable dirigido por un sector muy cohesionado. Se estima que mueve cifras de alrededor de 2.300 millones de euros. Sólo en la comunidad de Castilla-La Mancha, la actividad cinegética genera cerca de 600 millones anuales. En todo el territorio nacional se calcula que hay alrededor de un millón de cazadores (con sus correspondientes licencias). Un pastel muy jugoso que conviene tener bien custodiado con leyes que blinden y protejan la actividad, a costa del deterioro del medio ambiente, del bienestar de los animales y de la privación del derecho de la población de disfrutar de los entornos naturales donde viven.

 

Cataluña y los recortes

Cataluña, bajo la justificación de los recortes, no se ha quedado a la zaga. De entrada, ya se suprimió el Departamento de Medio Ambiente, que tanto empeño puso ADDA para que se instaurase, y su sede ha sido vendida junto a otros edificios públicos. Albert Vilalta, su primer conseller, ya fallecido en el año 2013, realizó un gran trabajo en parques naturales, el mantenimiento de unos y la apertura de los Aiguamolls de l’Ampurdà con 4.866. hectáreas de zonas de humedal, junto al mar Mediterráneo, reserva de reptiles, anfibios, peces y mamíferos y paso de 329 especies de aves, 82 de las cuales nidifican de forma estable. Ahora se ha visto amenazado, aparte de su paulatino abandono, con la pretensión de eliminar su estructura veterinaria. Las más prestigiosas entidades conservacionistas, ambientalistas y científicas lamentan que después de cuatro años de recortes y decisiones políticas contrarias a la conservación de la naturaleza, ahora, el conseller del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, Josep María Pelegrí, de Convergencia i Unió, anuncie un «Plan Estratégico de parque naturales» que tan solo comporta fines electoralistas sin conjugar con lo que significa una defensa integral del territorio a preservar. Cataluña, que en tiempos de Vilalta fue líder en España en la conservación del medio ambiente, se ha quedado en la cola de España, y ésta a la cola de Europa.

El actual Gobierno de la Generalitat, bajo el pretexto de los recortes, ha olvidado al medio ambiente. Una falta de interés preocupante cuando el medio ambiente es esencial para el correcto desarrollo de la naturaleza cada vez más amenazada y los seres (humanos, animales y plantas) que estamos indefectiblemente ligados a ella.

Salvemos a los galgos que se utilizan para la caza

Si bien no hay que generalizar, pues pueden haber cazadores que practican este tipo de caza y cuidan de sus animales, quienes así lo hacen tampoco se han distinguido en denunciar al resto -que son mayoría-, para quienes el galgo, un animal dócil y hogareño, es tan sólo un material de “usar y tirar”; pero tirar es poco, pues, además, practican con saña una serie de ejecuciones que podrían tipificarse como “rituales”, y a cada cual más cruel, como ahora detalla, en parte, la asociación Galgos Sin Fronteras .

Es sorprendente que tamaña barbaridad no haya adquirido una mayor atención por parte de la sociedad española que, poco a poco, está cada vez más sensibilizada con el bienestar de los animales. Los medios se han hecho eco esporádicamente de este serio problema, pero faltaba una campaña que diese el aldabonazo para despertar a la opinión pública; se precisaba de la presencia de alguien con una fuerte llamada mediática: nuevamente, la Baronesa Thyssen Bornemisza, cada vez más implicada en la defensa de los animales y la ecología, ha prestado su presencia y sus manifestaciones rotundas ante unos hechos que sublevan, cuando se conocen, a cualquier mente sensible.

LA CAMPAÑA

A propuesta de la FEBA y estructurada la logística necesaria a modo de una UTE (Unión Temporal de Empresas), decidieron su participación: la Asociación Defensa Derechos Animal, ADDA, de Barcelona, La Sociedad Protectora de Animales San Francisco de Asís” de Melilla, la Asociación Protectora de Animales y Plantas, SPAP, de Madrid y la Asociación Galgos Sin Fronteras, también de Madrid. Se trataba, como base de la campaña, de presentar un número considerable de firmas al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, JCCM, en forma de tarjetones unipersonales, con un mensaje y hojas con firmas. La caza con galgo se practica también en otras Comunidades de la España central, pero a efectos de la denuncia pública con CCM, ya era suficiente por la proximidad de su capital, Toledo, con Madrid.

La recogida de firmas se hizo a nivel nacional con una duración de casi 2 años, y en las dos últimas celebraciones del salón Animaladda, en Barcelona, la FEBA dispuso de un stand para este fin. Se recogieron 22.850 firmas que, a título representativo, se consideraron suficientes, en tanto se solicitaba audiencia al Presidente actual de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barrera Fontes, sin obtener contestación durante varios meses. Consciente la FEBA del compromiso adquirido en corresponder al esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que habían firmado, se decidió, ya unilateralmente, proceder a la presentación de las firmas en ocho cajas -bien identificadas con el motivo de la campaña- y entregarlas el pasado 24 de marzo de 2008.

La administración castellano-manchega, visto lo inaplazable del acto que se les había anunciado y garantizado como dentro de la más absoluta legalidad y sin ninguna clase de manifestación callejera, accedió, ahora sí, con amabilidad y gentileza, a recibir a una Comisión de la FEBA. Francisco Martínez Arroyo, director general de Producción Agropecuaria, fue el encargado de compartir las quejas y la petición de que se cumpliese –pues es lo que se solicita- con lo dispuesto en la ley de la Junta sobre Protección de los Animales Domésticos (Ley 7/1990 de 28 de diciembre).

EL FUTURO

Previamente y de acuerdo con el organigrama, la FEBA dio una conferencia de prensa en un céntrico hotel próximo a la sede de la Junta y la Consejería, a la que acudieron multitud de medios, tanto locales como estatales. La presencia de Carmen Cervera, tajante en su intervención, ayudó enormemente al éxito de la convocatoria, como se vio, más tarde, al verse reflejado en todos los medios de España; se lograba, por primera vez, que algo que debe ser conocido para su erradicación, obtuviese la merecida información nacional. Un escrito firmado y llevado en mano por las calles de Toledo por la Baronesa Thyssen, como embajadora de la FEBA y dirigido al Presidente de la Junta de CLM, fue entregado en el Registro General de Presidencia junto a las firmas, sin que apareciese su presidente, José Mª Barrera.

En la reunión en la Consejería de Agricultura quedó claro, admitido por la misma administración, que la ley del año 1990 ha quedado desfasada y debe renovarse, y que las sanciones, que son ridículas, todavía figuran en pesetas. El Director General se comprometió a renovar esta ley antes de finales de este año 2009.

La labor, la constancia y el esfuerzo realizado por las asociaciones federadas, tienen, con este primer paso, una labor futura de seguimiento hasta logar su objetivo: la erradicación de estas crueles prácticas, arraigadas desde tiempo, hacia unos nobles y pacíficos animales
que merecen respeto y cuidados como cualquier otro ser sensible. La FEBA desea agradecer la ayuda recibida de todas aquellas personas, asociaciones y colectivos que han hecho posible la presentación de estas 22.850 firmas. Les habrá supuesto una satisfacción enterarse por los medios de comunicación de este acto de entrega, y casi seguro que algún lector de esta publicación también habrá colaborado. A él, a ella y a todos, nuestro más sincero agradecimiento.